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La catedrática de la Universidad de La Rioja (UR) Ana María Vega aboga por implantar en las aulas, como ya está regulado, la enseñanza religiosa de las confesiones que tengan acuerdo con el Estado, para evitar el riesgo de que “se radicalice” y porque así las autoridades controlarían los contenidos de la asignatura.

En su libro “La gestión de la diversidad religiosa en el sistema educativo español”, que se publica el próximo lunes, Vega ha analizado la docencia de las diversas confesiones en Secundaria en centros públicos y concertados.

Doctora en Derecho y licenciada en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, ha dicho a Efe que España no ha prestado demasiada atención a la atención a la diversidad religiosa hasta el año 2000, cuando llegó el “boom” de la inmigración, por lo que se ha tenido que “reaccionar en tiempo récord”.

Ha indicado que, desde 1992, España cuenta con acuerdos con las minorías islámica, judía, protestante y evangélica, que tras un desarrollo normativo, prevén que con un mínimo de diez peticiones por centro -público o concertado- se debería “activar” la posibilidad de contar con un profesor de esa religión.

La diferencia con la religión católica es que esta es de “oferta obligada” para los centros y de petición “voluntaria” para las familias, mientras que en el caso de las confesiones minoritarias son las familias las que deben pedir la asignatura.

Sin embargo, ha recalcado que “en España hoy no se cumple esta posibilidad”, bien porque el director del centro no informa a las familias de esa opción, o no tramita las peticiones ante la Consejería de Educación, o bien no ha habido voluntad política de articular esa obligación.

“Se trata de un derecho reconocido y desarrollado”, por ello, ha insistido en que “todo fenómeno social que no se normaliza, acaba radicalizándose”, de modo que “no se puede controlar lo que dice un imán en un local reconvertido en mezquita”.

La directora de la Cátedra UNESCO “Ciudadanía democrática y libertad cultural” ha explicado que existe la posibilidad de que el alumnado reciba en el aula “una versión de la religión islámica que reúne las condiciones para impartirse en un régimen democrático”.

Cualquier libro de texto cuenta con la supervisión del Ministerio de Educación, por lo que es imposible que su contenido vulnere los derechos fundamentales, “pero estas garantías no se pueden exigir en un púlpito”, ha subrayado.

El currículum de religión islámica para Primaria se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 14 de diciembre, de modo que se garantiza “una carga cívica importante” para cualquier alumno que estudie esta asignatura en un centro sostenido con fondos públicos.

Ha alertado de que “se está produciendo un fenómeno social preocupante” en relación a las nuevas generaciones de origen magrebí nacidas en Europa, practicantes o no, que “están respondiendo a la llamada del Estado Islámico”, por lo que “hay un adoctrinamiento de esta población joven que ha crecido en democracia”.

Ha resaltado que en su investigación no se han detectado problemas de integración o convivencia con los alumnos inmigrantes, pero en el caso de los colegios concertados, “no se activa una asignatura alternativa para los niños de confesión musulmana mientras el resto asiste a clase de religión católica”.

Algunos centros vieron la solución en ofrecer una asignatura aconfesional sobre historia y sociología de las religiones, impartida por profesiones de historia y filosofía, pero la realidad es que apenas tuvo demanda entre las familias españoles, según confirman las estadísticas y las entrevistas realizadas por Vega.

Ha insistido en que se debe garantizar en los centros con financiación pública la educación religiosa de las confesiones que tengan un acuerdo con el Estado, con las mismas condiciones que la religión católica.

Entre sus conclusiones, ha recalcado que “el antídoto ante cualquier fundamentalismo religioso o laicista es más educación y más democracia”.

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Cuatro integrantes del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Sétif 2 (Argelia) están desarrollando una staff week en la Universidad de La Rioja. Durante el período comprendido entre el 9 y el 17 de diciembre, D. Bekrar Aboubakr, D. Djebara Zahir, D. Guergour Abderazak y D. Hamzaoui Raouf se han integrado en el Servicio Informático, los Servicios de Grado y Posgrado de la Oficina del Estudiante, el Servicio de Laboratorios, el Servicio de Gestión de la Investigación y en Servicios Generales de nuestra Universidad con el propósito de conocer los procedimientos de trabajo intercambiando buenas prácticas con las experiencias que ellos también han aportado.

La Universidad de La Rioja y la Universidad Sétif 2 suscribieron un convenio de colaboración que se ha materializado en diversas actividades al amparo de nuestra cátedra.

El 'Erasmus staff week' es un formato de movilidad del personal de administración y servicios de las Universidades que favorece la puesta en común de buenas prácticas en la gobernanza y la gestión pública de los centros de Educación Superior.

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«A fin de derribar los altos muros de la corrupción, insto a todas las naciones a que ratifiquen y apliquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Las medidas innovadoras previstas en esa Convención en las esferas de la prevención, la criminalización, la cooperación internacional y la recuperación de activos han posibilitado que se logren importantes avances, pero queda mucho más por hacer.»
Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU

La preocupación ciudadana por la corrupción ha alcanzado un nuevo máximo en España.

El 63,9% de los encuestados para el último barómetro del CIS (Diciembre, 2014) la consideran el principal problema que existe en nuestro país. El mal gobierno y la corrupción representan un obstáculo al crecimiento y a la competitividad de los países y están ligados a la desigualdad en el reparto de riqueza. Cada acto de corrupción cometido provoca un alto costo social.

Las Naciones Unidas vienen expresando su preocupación por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia.

Convencidos de los efectos nocivos del enriquecimiento personal ilícito y decididos a prevenir, detectar y disuadir las malas prácticas, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 31 de octubre de 2003 la Convención contra la Corrupción. Un documento que fue ratificado por España el 9 de junio de 2006.

La Convención considera corrupción como una expresión amplia que implica el hecho de aceptar o pedir beneficios indebidos para sí mismos o para otros y establece los siguientes tres grandes ejes para actuar contra los actos corruptos:

  • La promoción y el fortalecimiento de las medidas para prevenir más eficaz y eficientemente la corrupción.
  • La promoción de la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención 
  • La lucha contra la corrupción la promoción de la integridad, la obligación de rendir cuenta y la gestión de los asuntos y bienes públicos.

Recoge además una lista de medidas para prevenir la corrupción, incluida la aplicación de políticas y prácticas, la creación de órganos a tal efecto y la aplicación de códigos de conducta para la alta dirección pública.

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El-Djazair, una revista de ámbito nacional en Algeria, incluye un breve reportaje sobre Abdem en su edición mensual. Este reportaje está incluido en una entrevista a la coordinadora de Abdem del Magreb, Naouel Abdellatif Mami.

La también vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sétif 2, subraya la importancia de fomentar valores como la convivencia y el entendimiento en los campus universitarios y la oportunidad de abrir las universidades del Magreb al mundo.

Conciliación familiar 
Durante su entrevista, la profesora Abdellatif Mami explica su esfuerzo para conciliar su vida profesional y familiar y los proyectos en los que participa como investigadora universitaria.

"Mi esposo, comprensivo y generoso, me pide que luche por los sueños que tengo", explica la profesora argelina.

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El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca ha acogido el I Seminario Internacional 'Políticas de Ciudadanía e Inclusión Social de la Infancia y la Juventud', que ha reunido en la ciudad a expertos, profesionales y el tercer sector español que trabajan con niños y jóvenes en Iberoamérica. Esta actividad ha estado organizada por la REDidi y la Universidad de Salamanca.

El programa de actividades estuvo compuesto diferentes ponencias y grupos de trabajo para abordar asuntos como las nuevas tecnologías en la infancia, el enfoque de género en la infancia, políticas de ciudadanía y juventud o el desarrollo normativo y legislativo de la infancia en Iberoamérica.

Este primer seminario nace con la vocación de convertirse en un lugar de referencia de las cuestiones relativas a las políticas de infancia en los países iberoamericanos. Lo hace además en una fecha significativa, justo cuando acaba de conmemorarse el 25 aniversario de la Convención del Niño

Miembros de REDidi

La Cátedra Unesco 'Ciudadanía democrática y libertad cultural' acaba de adherirse a REDidi, una red académica orientada a la docencia e investigación de los derechos del niño. Esta red está compuesta por instituciones y organizaciones de la sociedad civil iberoamericana que promueven y promocionan la Convención de los Derechos del Niño; el tratado internacional más ratificado del mundo.

Discapacidad, género, trabajo infantil, violencia o pueblos indígenas son algunas de las líneas de acción impulsadas, siempre construidas desde un enfoque de infancia.

Innovamos el mundo

La cooperación internacional es una de las líneas de actuación de la Cátedra Unesco de la UR, que permite establecer alianzas con organizaciones y trabajar en red con la sociedad civil para promocionar los derechos humanos. La Cátedra forma parte de otras redes sectoriales como la red de APS de La Rioja. La internacionalización es un principio transversal incorporado a su acción institucional en 2010.

Por otro lado, la Cátedra Unesco y Unicef La Rioja están desarrollando una investigación que permitirá conocer la situación de los niños y niñas de La Rioja. Los resultados podrán conocerse durante el primer trimestre de 2015.

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La investigadora Moumen Zineb, miembro del cuadro investigador de Abdem, presentará el proyecto de investigación durante uno de los debates previstos en el programa de estas jornadas mundiales.

Esta presentación supone una oportunidad única para el posicionamiento y la repercusión internacional del proyecto y para la conversación con los actores políticos, la sociedad civil y los expertos en derechos humanos. Esta presentación ante la sociedad internacional permitirá recoger miles de aportaciones y sugerencias que enriquecerán el contenido de la investigación.

El diálogo con la sociedad civil es un instrumento prioritario del Consorcio de Universidades Abdem. Para su cumplimiento, las Universidades adheridas al proyecto están llevando a cabo diferentes reuniones y grupos de trabajo -focus groups- con Ongs y colectivos de Argelia, Marruecos y Túnez.

El proyecto de investigación Abdem está integrado por doce instituciones de Educación Superior de Argelia, España, Italia, Marruecos, Reino Unido y Túnez. Pretende modernizar la educación superior de la región del Magreb mediante la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en una triple perspectiva: en la docencia, en los procesos investigadores y en la gobernanza. Está financiado por la Comisión Europea a través del programa comunitario Tempus.

La cita internacional de los derechos humanos
El Foro Mundial de Derechos Humanos se presenta como la cita de mayor relevancia internacional en la esfera de los derechos humanos. Se trata de un espacio plural de consenso y deliberación que agrupa a todos los actores, los gobiernos, las Ongs y los expertos en derechos humanos.

La cita reunirá a más de doscientas personalidades internacionales, autoridades políticas y académicas, responsables de ONG y la sociedad civil. El programa del FMDH incluye más de 200 espacios de debate, encuentro y formación. Entre otros asuntos, abordará los derechos humanos desde la perspectiva de las mujeres, de los niños y jóvenes, de los migrantes y de los discapacitados.

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La violencia contra la mujer debe ser un asunto prioritario en todos los niveles. Hasta el momento no se le ha asignado la prioridad necesaria para permitir un cambio significativo.

Para ello, el liderazgo y la voluntad política son primordiales. La manera más efectiva para terminar con la violencia contra la mujer es una demostración clara del compromiso político de los Estados, respaldado por acciones y recursos.

Los Estados no están cumpliendo con su responsabilidad de poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Para tratar el problema, Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, ha identificado cinco objetivos en los que se enfoca la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres que se desean lograr en todos los países para el año 2015.

5 objetivos para vencer esta pandemia mundial

Objetivo 1
Adoptar y hacer valer las leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

La falta de leyes nacionales efectivas para poner fin a la violencia contra las mujeres, o la falta de implementación de dichas leyes, donde existen, es generalizada. La impunidad para la violencia contra las mujeres es con frecuencia resultado de la falta de los Estados para implementar normas internacionales en los niveles nacionales y locales.

En muchos lugares la ley contiene lagunas que permiten a los infractores actuar con impunidad. En varios países, según el código penal, un violador puede salir libre si se casa con la víctima. Muchos Estados no cuentan con disposiciones legales específicas contra la violencia doméstica. La violación dentro del matrimonio no es un delito enjuiciable en más de 50 países.

Terminar con la impunidad y asegurar la responsabilidad para la violencia contra las mujeres son elementos críticos para prevenir y reducir dicha violencia.

Los gobiernos pueden aprender de muchos ejemplos de buenas prácticas.

Algunos Estados han aprobado leyes completas específicas a la violencia contra la mujer que ofrecen múltiples tipos de remedios, como la Ley de Violencia Contra la Mujer de 1994 en los Estados Unidos, la cual autorizó el apoyo federal para capacitar a la policía, fiscales y jueces; refugiosy programas de prevención de violación; y una línea telefónica nacional, entre otras cosas.

La revisión y reforma de las leyes ha aportado avances significativos. La violencia psicológica y económica ahora está incorporada en la definición legal de violencia doméstica en un número de países, incluyendo Costa Rica, Guatemala, Honduras y Sudáfrica.

Las políticas vigorosas de arrestos y acciones judiciales, así como las sentencias apropiadas, son un testimonio para la sociedad de que la violencia contra la mujer es un delito grave. La implementación de leyes se refuerza educando a la policía y a los oficiales judiciales, como la capacitación impartida a la policía en la República de Corea sobre las leyes de violencia doméstica, procedimientos para hacer los informes y pasos para proteger a las víctimas.

Algunos países tienen sentencias mínimas para delitos como la violación.

Objetivo 2
Adoptar e implementar planes de acción nacional de sectores múltiples.

La implementación de planes de acción nacional en sectores múltiples, incluyendo a muchas partes del gobierno y de la comunidad, es la clave para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Los planes deben contar con recursos adecuados y deben poner énfasis en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, así como el castigo.

El continuo predominio de violencia contra las mujeres es testimonio del hecho de que los Estados todavía tienen que acabar con dicha violencia con el compromiso político, la visibilidad y los recursos necesarios. El trabajo para poner fin a la violencia contra las mujeres requiere de una acción continua, respaldada por recursos adecuados y mecanismos institucionales permanentes, sólidos y dedicados.

Existen muchos buenos ejemplos de iniciativas de sectores múltiples:

  • En el Reino Unido, existen directrices para la policía, los trabajadores sociales y los educadores para tratar el problema de los matrimonios forzados.
  • En los tribunales, los procedimientos que protegen la privacidad de las víctimas durante un juicio, tales como permitir que el testimonio se presente a través de un enlace de vídeo o restringir el acceso a la sala durante juicios de violación, se están usando más a menudo en países como Finlandia, Irlanda, Japón y Nepal.
  • El reunir servicios de salud de una sola unidad interin- stitucional, a menudo llamada “oficina de centralización de trámites”, ha resultado efectivo para las víctimas de la violencia doméstica o sexual. Desarrollado por prim- era vez en Malasia, este modelo actualmente se está uti- lizando en gran parte de Asia, además de otros países.
  • Las líneas telefónicas y de ayuda, ahora una norma en muchos países, proporcionan acceso importante a información y sistemas de apoyo para víctimas de violencia contra la mujer.
  • Las organizaciones de sociedades civiles generalmente proporcionan servicios legales para mujeres víctimas de violencia, incluyendo servicios legales gratuitos a mujeres indigentes. Sin embargo, es una buena práctica que los gobiernos apoyen dichos proyectos.
  • El acceso a refugios que cumplan con las normas de seguridad es importante para asegurar que las mujeres que escapan de situaciones violentas estén protegidas de violencia adicional

Objetivo 3
Fortalecer la recopilación de datos sobre el predominio de violencia contra mujeres y niñas.

Existen pruebas convincentes de que la violencia contra la mujer es grave y omnipresente en todo el mundo. Sin em- bargo, existe una necesidad apremiante de mejorar la recopilación de datos para contribuir a formulación de políticas.

El problema relacionado con el insuficiente número de denuncias complica la recopilación de datos. Un estudio de la OMS de 2005 basado en datos de 24,000 mujeres en diez países observó que entre el 55% y el 95% de las mujeres víctimas de abuso físico por parte de sus parejas nunca se habían puesto en contacto con la policía, una ONG o algún refugio para pedir ayuda. El estigma y el miedo impiden que las mujeres recurran a buscar ayuda e indemnizaciones.

Muchos países no llevan a cabo la recopilación sistemática de datos de todas las formas de violencia contra la mujer. Dicha información se necesita urgentemente para evaluar cómo diversas formas de violencia afectan a diferentes grupos de mujeres y para idear estrategias significativas para tratar dicha violencia.

Adicionalmente, existe una falta de información para evaluar las medidas que se han tomado para tratar la violencia contra la mujer y valorar su impacto.

Objetivo 4
Aumentar la conciencia del público y la movilización social.

Aumentar la conciencia para cambiar las actitudes y tener una influencia en el comportamiento entre la gente de todos los niveles de vida es esencial para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres.

Desde individuos hasta gobiernos de ONG, se está movi- lizando a la gente en esfuerzos locales, nacionales e inter-

nacionales para tratar con el problema. Las actividades varían de campañas gubernamentales para informar a las mujeres que existen leyes para prevenir y castigar la violencia, hasta peticiones mundiales, reuniones de comu- nidades y poblaciones para hablar de los efectos adversos de la mutilación de los órganos genitales femeninos, proyectos para involucrar a hombres y niños en la preven- ción de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, se necesita más movilización.

Toda la gente, en todo lugar, tiene una responsabilidad para poner fin a la violencia. Obtenga más información sobre cómo puede usted tomar una acción en endviolence.un.org

Objetivo 5
Tratar la violencia sexual durante conflictos.

La violación durante conflictos es un delito de guerra y una infracción grave de los derechos humanos y la ley humanitaria, y ha recibido una extensa condena.

Sin embargo, la violencia sexual durante conflictos aún sigue no recibiendo un trato adecuado debido a los débiles mecanismos nacionales para la protección y remedio judicial, así como a los servicios inadecuados de apoyo social y de la salud.

Muchos siguen viendo la violencia sexual como una con- secuencia inevitable, si acaso lamentable, de conflicto y desplazamiento: una actitud que fomenta la impunidad para los infractores y calla a los sobrevivientes. La violencia sexual durante conflictos y la impunidad para delitos de los infractores se encuentran entre los más grandes secretos de la historia.

Aunque se está implementando una variedad de iniciativas gubernamentales, no gubernamentales e internacionales para tratar la violencia sexual, la escala y complejidad del problema, aunados con los retos de coordinación, han traído como consecuencia enormes lagunas en la respuesta.

En septiembre de 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1888 en Mujeres, Paz y Seguridad, la cual exige que todas las partes de los conflictos armados tomen acción inmediata para proteger a civiles, incluyendo mujeres y niños, de toda forma de violencia sexual. El Consejo también recomendó a los Es- tados y a las Naciones Unidas medidas más intensas para poner fin a la violencia sexual durante conflictos.

Los intentos para poner fin y responder a la violencia sexual deben proteger y promover los derechos de la mujer, así como ofrecer poder y facultades a las mujeres. Las buenas prácticas y los programas existentes que tratan la violencia sexual deben reforzarse y fortalecerse.

Con frecuencia las mujeres son líderes en el fomento para poner fin a la violencia sexual y para asegurar la paz. Sus voces deben guiar los esfuerzos de defensa y programación. La participación constructiva de hombres y niños es también fundamental para ayudar a prevenir y responder a la violencia sexual durante conflictos.

Imágenes de la campaña

     

 

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El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación visitó esta semana la Cátedra Unesco para impartir la conferencia inaugural del VII Encuentro Nacional de Aprendizaje-Servicio, que se celebró en el campus público riojano.

Allí fue recibido por el Rector de la UR y las autoridades políticas y académicas de La Rioja, que se encargaron de inaugurar las jornadas sociales antes de ceder el turno al experto de Naciones Unidas. Durante su conferencia, Singh conectó los derechos humanos con la metodología de Aprendizaje-Servicio, especialmente con el derecho a la educación, de cuya supervisión y revisión en el mundo es responsable.

    

El relator felicitó a la Cátedra y a la Red de APS de La Rioja por la apuesta de metodologías como el aprendizaje-servicio, que completan la formación académica de los estudiantes y jóvenes con una formación en valores que muestra los derechos humanos y conecta educación y sociedad.

Singh aprovechó su visita a La Rioja para mantener una rueda de recepciones con el nuevo Consejero de Educación del Gobierno regional, Abel Bayo; con el Consejo de Estudiantes de la UR y para visitar la localidad de Nalda, donde se desarrolló la sesión de clausura del encuentro nacional.

   

 

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